El pasado 1 de marzo, Davis envió una carta a 37 estados miembros del Consejo de Europa, complementaria a la primera remitida en noviembre, en la que solicitaba la aclaración de algunas cuestiones y la ampliación de la información solicitada.
Aún se están analizando todas las respuestas con el objetivo de redactar un informe completo que se hará público a primeros del próximo mes de mayo.
Además de adelantar esa primera conclusión, Davis ha confirmado que "prácticamente ninguno de nuestros estados" dispone de medidas legislativas y administrativas para proteger eficazmente a las personas contra las violaciones de los derechos humanos.
El secretario general ha reconocido que algunos gobiernos están intentado remediar la situación solicitando garantías diplomáticas, solución que, en su opinión, "no permite garantizar el nivel de protección positiva requerido" por el citado Convenio.
Davis se ha congratulado de que la gran mayoría de las respuestas que ha recibido son "completas, precisas y sustanciales", de cara a "tener una idea clara de la situación".
El informe final de Davis incluirá propuestas para una acción intergubernamental en el seno del Consejo de Europa, que evite en el futuro la actuación de agentes secretos extranjeros, al margen de los derechos humanos que protegen a los ciudadanos.
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